Con los pobres de la Tierra

Ha pasado un año desde que Obama se perfiló antes las urnas como una promesa de paz y de progreso. Figura contrapuesta al belicismo, al dogmatismo y a la mediocridad de George W. Bush, el mundo quiso encontrar en Obama algo más que un primer presidente negro. Y una opinión pública tan necesitada de sueños políticos como de líderes en los que creer, se embriagó de optimismo ante su victoria en las urnas.

Sin embargo, las esperanzas empiezan a desvanecerse. Sus grandes promesas, que se anunciaban de cumplimiento inmediato, han quedado diluidas o aplazadas. Y el popular yes, we can de la campaña electoral suena ya como una vieja canción nostálgica. Es cierto que nueve meses y medio en el poder representan un plazo demasiado breve para hacer balances categóricos. Pero sí permiten contrastar palabras y hechos con cierta perspectiva. Las encuestas aseguran que la popularidad de Obama ha descendido diez puntos. Y que el respaldo a su gestión, aun superando el 50 por 100, denota un creciente desencanto. La impaciencia crece entre los votantes demócratas más concienciados y, en general, en los sectores más liberales.

Parece que Obama ha tropezado con más dificultades y resistencias internas de las que esperaba. Pero resulta evidente que tampoco ha puesto demasiado empeño en forzar los límites reales del poder. Así, ha dedicado a los grandes bandidos de la banca privada más adjetivos duros que medidas eficaces para frenar el latrocinio financiero. Y ha puesto mayor empeño en salvar a los especuladores que en luchar contra las consecuencias sociales de la crisis por ellos provocada.

El gobierno de Obama ha conseguido que la Bolsa recupere el pulso y que algunos sectores económicos al borde de la quiebra --como la industria del automóvil-- vuelvan a ser rentables. Pero la creación de puestos de trabajo va mucho más lenta de lo deseable. Y en Wall Street siguen vigentes los despiadados usos que priman la obtención de beneficios sobre cualquier consideración ética, sin que se haya planteado la reforma de una normativa que permite los abusos y garantiza la impunidad.

Sería un logro histórico que Obama ganara la compleja batalla legislativa por la reforma de la Sanidad, que es su gran meta social, aun minimizando los daños para la poderosa industria privada de la enfermedad. En la política energética también se ralentizan los anhelados cambios, y se anuncia otra dura batalla en el Congreso frente al lobby petrolero. Los derechos humanos y los gestos formales son siempre la tela más asequible para que los políticos se vistan con elegancia. Así, Obama proscribió formalmente la tortura. Pero sus órdenes de cerrar las cárceles secretas de la CIA no implicaron que se revelara su emplazamiento ni él número, la identidad y el destino de sus prisioneros. Y Guantánamo sigue sin solución. Ya no se habla de guerra contra el terrorismo y el presidente rinde públicos honores a los caídos, tras levantar la censura que impuso Bush sobre las imágenes de ataúdes militares. Pero las decisiones sobre Afganistán se demoran mientras la situación empeora.

Las enormes expectativas que un año atrás concitó Obama se traducen hoy en dudas. Sin duda alguna su gestión de gobierno ya supone una importante mejora respecto a la de Bush, aunque solo sea porque --como decía Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales-- ‘se comporta como un ser humano.’ Pero, un año después de su victoria electoral, el mayor cambio se limita todavía a ese nuevo talante político.

Los comentaristas políticos de todo el mundo se preguntan y debaten por qué se ha concedido el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama. Y aunque haya respuestas y argumentos para todos los gustos, la mayoría coincide en que la institución noruega ha distinguido al presidente norteamericano simplemente por hablar de paz. Pero las palabras resultan poca cosa, sobre todo cuando las pronuncia un político y, especialmente, cuando se trata del jefe de estado de una superpotencia, puesta al servicio del conglomerado de corporaciones financieras que constituye el núcleo duro del injusto reparto mundial de la riqueza.

Es cierto que Obama ha hablado mucho de diálogo y negociación en un mundo multipolar, que ha anunciado su propósito de acabar con la amenaza nuclear, que ofreció un gesto de concordia al mundo musulmán en su ya histórico discurso en El Cairo, que ha renunciado al absurdo escudo antimisiles en Europa... Pero en su lista de méritos para el Nobel abundan más las nobles intenciones que los hechos relevantes. En menos de nueve meses de ejercicio del poder tampoco cabía esperar otra cosa. Y el propio Obama ha tenido la vergüenza de declararse no merecedor de estar entre tantas figuras transformadoras premiadas con el Nobel.

Tal vez debieran ser los psicólogos y no los analistas políticos quienes nos explicaran la polémica decisión del Instituto encargado de blanquear el nombre del inventor de la dinamita, que amasó una fortuna íntimamente ligada al comercio de armas. Porque, más allá de las intrigas y las conveniencias políticas, da la impresión de que la organización noruega haya querido respaldar la esperanza que Obama supone, tras la época de mentiras y crímenes que representó Bush. Seguramente hubiera que buscar los motivos más profundos de su fallo en la falta de esperanzas de nuestra sociedad desengañada, en la necesidad de encontrar o fabricar figuras que encarnen los sueños de paz y las ambiciones de justicia de un mundo huérfano de utopías.

El nombre de Peter Gabriel encabeza un escrito que la Unión británica de Músicos, en representación de más de 30.000 artistas (www.musiciansunion.org.uk), ha dirigido al Presidente de los Estados Unidos, exigiéndole que prohíba expresamente el uso de canciones pop como instrumento de tortura psicológica. La carta, firmada por artistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos, explica a Obama que ‘estamos en contra de todas las formas de tortura pero como músicos nos concierne particularmente el uso perverso de la música, cuya utilización podría continuar si usted no la condena de forma explícita’.

Empleada habitualmente durante los interrogatorios de prisioneros en establecimientos militares y de la CIA, la música ininterrumpida y a un volumen ensordecedor causa graves daños y --según los especialistas médicos-- sus efectos acaban resultando a largo plazo más perjudiciales que los de la mayoría de los métodos de tortura. Tanto las Naciones Unidas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han condenado esta práctica inhumana, que algunos ex prisioneros que la han sufrido califican como ‘peor que los malos tratos físicos’.

Nada más llegar a la casa Blanca, Obama dictó una ‘Orden Ejecutiva para asegurar interrogatorios legales’, que supuso una revisión de los manuales militares donde se autorizaban técnicas de presión identificables como torturas. Pero continúan permitidas otras técnicas de presión sin contacto físico, que han continuado aplicándose durante el medio año de presidencia de Obama. La principal es el empleo de la música pop a todo volumen. Dentro de pocos días, el 21 de julio, la Comisión que ha investigado los métodos empleados por los interrogadores norteamericanos presentarán su informe. De ahí, la oportunidad de la exigencia de los músicos, cuya petición ya había sido repetidamente formulada por autores e intérpretes a través de la campaña denominada ‘zero dB’ con gran difusión en la red, (www.zerodb.org) donde puede ser firmada por artistas y usuarios.

La mayoría de los periódicos y de los informativos de radio y televisión recogieron el pasado sábado la ‘noticia’ de que una cadena australiana había difundido en sus telediarios un puñado de las imágenes de torturas que Obama --dentro del sordo pulso que está perdiendo con la CIA y el Pentágono-- había decidido mantener embargadas. La supuesta exclusiva periodística, con quince fotografías de malos tratos y humillaciones sexuales, dio la vuelta al mundo. La reflejaron nuestros propios telediarios. Y aún puede consultarse en esta misma web.

Sin embargo, la ‘noticia’ no es tal. Y la exclusiva no pasa de ser una grosera estafa. Porque las quince imágenes anunciadas a bombo y platillo como una ‘revelación del secreto que Obama pretende mantener’ fueron difundidas hace mucho tiempo. Las más duras sufrieron la censura de los grandes medios. (Como la de un grupo de prisioneros, desnudos en una galería de Abu Grahib y obligados a masturbarse, que se incluye aquí.)Algunas se emitieron por vez primera en televisión en marzo de 2008, dentro del largometraje documental ‘Las tinieblas del poder’ (segunda parte de ‘El alma de los verdugos’) que Baltasar garzón y yo realizamos para TVE, producido por ‘Informe Semanal’. (Puede verse en http://www.informesemanal.tve.es dentro de ‘programas especiales’.)

El efecto del engaño es sumamente perverso. En una primera lectura se podría pensar que siempre es bueno recuperar unas imágenes que evidencian la inaceptable barbarie de la llamada guerra contra el terrorismo. Y que su redifusión, incluso bajo la etiqueta falsa de exclusiva, sirve para recordarnos los crímenes que el Pentágono pretende dejar impunes. Pero, más allá de esa visión ingenua, se dibuja el riesgo de que el público piense que las imágenes que Obama ha decidido mantener ocultas no son peores que las conocidas. Si así fuera, si no se tratara más que de escenas semejantes a las que ya hemos visto, no habría tanto interés en impedir su publicación.

Los veteranos involucrados en los escándalos de torturas y abusos sexuales en Abu Grahib, a quienes entrevistamos para ‘Las tinieblas del poder’, nos dijeron que entre las dos mil imágenes confiscadas por los altos mandos militares hay cosas mucho más ‘explícitas, duras y aberrantes’. Entre las imágenes que tanto avergüenzan al Pentágono tienen que estar, por ejemplo, las fotografías que la soldado Sabrina Harmon sacó a la cabeza momificada de un prisionero, que --según nos contó su colega Joe Darby--conservó más de cuatro meses en su dormitorio. O el video de la sodomización de un prisionero, que el soldado Aidan Delgado nos aseguró haber visto, entre cuatro filmaciones que calificó de ‘alta violencia sexual’.

(Estas imágenes pertenecen al documental 'Las tinieblas del poder' y aparecen con el mismo formato de su emisión por TVE).

-- 'Obama está siendo fuertemente presionado por las agencias estatales y por algunos legisladores, para que no vaya demasiado lejos al restaurar los derechos humanos' --afirma Michael Ratner, director del Center for Constitucional Rights de Nueva York-- 'Obama anunció el cierre de Guantánamo pero 241 prisioneros continúan en sus celdas, y sólo se ha liberado a uno en los cuatro últimos meses. Anunció el final de la tortura, pero los torturadores siguen paseando por las calles. Anunció el cierre de las cárceles secretas, pero se niega a dar información sobre ellas; y no se sabe qué ha sido de los prisioneros que han desaparecido. Y continúan existiendo cárceles militares, como la de Bagram en Afganistán, donde no se permite la entrada de abogados.'

Por definición las agencias de inteligencia estatales son herméticas. Y, en este caso, la intensa operación glamour desplegada en torno a la figura del nuevo presidente ha contribuido a disimular las presiones ejercidas por los aparatos de inteligencia. Pero la reforma propuesta por Obama tiene pilares éticos, y en ellos se basan los aspectos fundamentales de la regeneración del Estado y de su brazo armado.

Pocos días atrás, el Departamento de Justicia norteamericano cerraba con un decepcionante informe de 220 páginas su investigación interna sobre tres asesores legales del gobierno de Bush --John Yoo, Jay Bybee y Steven Bradbury-- que fueron los autores de los memorandos autorizando las llamadas técnicas extremas de interrogatorio. Es decir, sobre las torturas. Conclusión oficial del gobierno de Obama: los tres asesores cometieron 'serios errores de apreciación’, suficientes para apartarlos de la carrera judicial, pero que al parecer no bastan para procesarlos. Ahora, el fiscal general del Estado, Eric Holder tiene en sus manos la patata caliente de dar por buenas tales conclusiones. Lo hará.

Hay hechos bélicos tan inoportunos como los mortíferos bombardeos norteamericanos, en las zonas más conflictivas de Pakistán y Afganistán, en vísperas de la visita a Washington de los presidentes de los dos países. Matanzas de población civil que avergüenzan a Obama y le obligan a prometer que no se repetirán, ante sus dos aliados más necesarios e incómodos. ¿Errores estratégicos, descoordinación?

Pero, más allá del echar tierra encima de los crímenes de estado cometidos bajo el mandato de Bush y de polémicas militares, el malestar y la resistencia que emanan de la CIA se perfilan en torno a Guantánamo. Su cierre se ha convertido --en palabras de uno de los adalides parlamentarios de Obama, la senadora Claire McCaskill-- en ‘un problema político enorme, que puede abrasarnos a todos.’ El calendario corre en contra del gobierno de Washington. Y la Cámara de Representantes acaba de negar una partida de ochenta millones de dólares para costear la ‘relocalización’ de los prisioneros que aún continúan en Guantánamo.

Los tribunales militares especiales que habían empezado a actuar en Guantánamo durante los últimos meses de Bush, quedaron suspendidos por el nuevo presidente ‘durante cuatro meses’. El plazo finaliza el 20 de mayo y ya se ha fijado una vista para el día 27. Si llega a celebrarse, supondrá una importante derrota para Obama. Los asesores legales del gobierno dan vueltas y vueltas a la creación de un nuevo sistema judicial, pero adoptarlo supondría incumplir el cierre de Guantánamo en el anunciado plazo de un año. El Secretario de Defensa, Robert Gates, se dispone a viajar a Arabia Saudí para que este país acepte a internar a un centenar de presos en un centro de ‘rehabilitación’. Europa tampoco acaba de concretar su acogimiento de más de medio centenar de prisioneros que serían liberados sin cargo alguno. Y la Casa Blanca se muestra incapaz de ocultar que no sabe cómo salir del laberinto, mientras Obama aprende amargamente la primera lección que recibe un optimista cuando llega al poder. El refranero español la resume en ocho palabras: una cosa es predicar y otra dar trigo.

La eficaz operación de imagen que envuelve la figura de Obama desde la campaña electoral ha hecho que, durante sus casi cuatro meses en la Presidencia, hayan pasado inadvertidas muchas tensiones internas en torno a sus más importantes decisiones. Pero la realidad es que el llamado ‘belt way’, las instituciones y agencias gubernamentales cuyas sedes forman un cinturón de núcleos poder que rodea físicamente a la Casa Blanca, está ejerciendo una sorda y constante presión sobre el nuevo presidente.

Jean Ziegler explicó en su libro ‘¡Viva el poder!’ la impotencia de los partidos políticos y sus líderes más carismáticos, que conquistan democráticamente el gobierno con un programa de cambios profundos en la sociedad, las estructuras económicas, los aparatos del Estado, las relaciones de poder... Y cómo la compleja maquinaria que articula todos ellos es la que acaba cambiando profundamente al partido gobernante y a sus líderes, al imponer las ‘razones de estado’ sobre su ilusoria voluntad política.

Cuando se realiza un relevo al frente de un Estado poderoso --sobre todo, cuando no es sólo de personas o grupos de un mismo partido, sino cuando los nuevos mandatarios llegan con voluntad transformadora-- se produce un forcejeo político en las entrañas del poder. Es el primer asalto de un combate tan sordo como inevitable, que ha empezado a librarse en el seno de la nueva Administración norteamericana. Y todo indica que será de enorme dureza, aunque todavía no se adviertan más que movimientos de tanteo, amagos y algunos golpes bajos.

No es una disputa entre opciones políticas, ni estructuras o líderes partidarios. El partido Republicano permanece roto, desarbolado, carente de rumbo desde su derrota en las urnas. Y el partido Demócrata, tras su victoria, está lejos de constituir una unidad en torno a los ideales enunciados por Obama. El enfrentamiento se libra entre núcleos de poder, cuyos gestores actúan como señores de la administración, llegando a crear resistencias y provocar conflictos para defender sus propios intereses y responsabilidades.

El primer terreno para las disputas debería de haber sido la economía. Pero Obama se ha esforzado en evitar un choque con los grandes poderes financieros. Más allá de sus iniciales regañinas a una insensata legión de ejecutivos con altos sueldos, escandalosos ‘incentivos’ y regalías inmorales, el nuevo presidente tranquilizó a los señores del dinero con la entrega de un salvavidas multimillonario y, sobre todo, con el nombramiento de dos cerebros económicos nada sospechosos para el gran capital: Tim Geithner, un secretario del Tesoro muy ligado a Wall Street, que propugna subvenciones para librar a los grandes bancos de sus activos tóxicos; y Larry Summers que, tras liberalizar las normas bancarias con Bill Clinton, se dedicó a especular con fondos de alto riesgo.

Después Obama supo tranquilizar a los señores de la guerra y a la industria militar, con un incremento en el presupuesto del Pentágono tras haber anunciado una retirada de Irak, a la que no existe alternativa, y un cambio de estrategia en Afganistán, igualmente imprescindible.

Pero era imposible evitar el choque en unas cloacas del poder atascadas por los excesos cometidos bajo la presidencia de Bush. Obama ha intentado amortiguar las tensiones con los señores de las tinieblas, desde una propagandística visita a la sede de la CIA hasta las promesas de que ningún torturador será perseguido ‘por haber actuando cumpliendo órdenes’. La vieja, vergonzante, inaceptable ‘obediencia debida’ como garantía de impunidad. Sin embargo, los servicios de inteligencia han sido los primeros núcleos de poder que se han enfrentado a Obama. Y amenazan con paralizar sus decisiones, incluso con hacerle retroceder, en materias tan sensibles como los derechos humanos.

Se cumplen los cien primeros días de Obama en la Casa Blanca sin que aún se hayan visto los frutos de la primera decisión importante que tomó al llegar a la presidencia: cerrar el presidio ilegal de Guantánamo. Es cierto que atemperó su anuncio prometiendo hacerlo ‘en el plazo de un año.’ Pero las semanas y los meses han ido pasando sin que se advirtieran avances en el proceso de liquidación de la cárcel de la vergüenza. Ni siquiera se han atenuado las condiciones extremas que sufren la mayoría de los prisioneros en los módulos de máxima seguridad Delta 5 y Delta 6 (construidos por una empresa filial de la famosa corporación Halliburton, vinculada al entonces vicepresidente Dick Cheney). Los reclusos aún permanecen aislados en minúsculas celdas durante 23 horas diarias, con la luz siempre encendida. Y la ducha forma parte de los 60 minutos de recreo, que se consumen en pequeños gallineros de unos 20 metros cuadrados.

Según la organización humanitaria angloamericana ‘Reprieve’ (‘Indulto’), quedan en Guantánamo 241 prisioneros, de los que unos 40 podrían ser juzgados por tribunales de los Estados Unidos. Unos 150 serían repatriados. Y quedarían otros 50, que no pueden ser devueltos a sus países de origen porque ello supondría exponerlos a persecución, torturas e incluso muerte. De cómo y cuando dar destino a los integrantes de los dos primeros grupos no se ha vuelto a hablar. Tan sólo se ha especulado con la suerte de ese medio centenar que la Administración norteamericana no tiene a dónde enviar. Hace muchos meses --en algunos casos, dos años-- les comunicó que quedarían en libertad sin cargos cuando algún país estuviera dispuesto a acogerlos. Y Obama ha pedido a sus aliados europeos que le ayuden a salir del atolladero, proporcionándoles lugares de asilo.

Más allá de la deseable colaboración democrática con Obama, muchos estados europeos tienen la irrenunciable obligación moral de echarle una mano para facilitar el final de la pesadilla de Guantánamo. Porque está sobradamente probado que fueron cómplices de Bush en los ‘traslados ilegales’ de prisioneros, efectuados por los famosos ‘vuelos secretos de la CIA’ con escalas en aeropuertos europeos, principalmente de España y Portugal. Y también porque algunos gobiernos, como los de Italia, Alemania o Suecia, colaboraron en secuestros, mientras que otros llegaron incluso a albergar centros de detención de la CIA, como Croacia, Rumania o Polonia.

Pero tan solo media docena de países han ofrecido su colaboración para enmendar los atropellos cometidos por los Estados Unidos durante el mandato de George Bush. El Parlamento Europeo debatió la cuestión el 3 de febrero, sin alcanzar un acuerdo, y cada nación quedó libre de aceptar o negar la acogida de prisioneros. El 24 de febrero, en Washington, el ministro Moratinos prometió a Hillary Clinton que España aceptará media docena de reclusos de Guantánamo. Quedaron por concretar su número y sus identidades, además de establecer un marco jurídico de acogida que determine su estatus, sea como asilados o como meros residentes.

No hay razón alguna para que continúe la demora en los trámites de liberación por parte norteamericana ni en los de acogida por parte española. Porque se trata de hombres inocentes, contra los que no se ha formulado cargo alguno. Que fueron secuestrados y permanecieron hasta siete años encargado en condiciones inhumanas. Y que esperan unas simples firmas en unos documentos para recuperar la libertad que les robaron.

Esclarecedor, el debate en el Senado norteamericano sobre la figura de Leon Panetta, propuesto como nuevo jefe supremo de la CIA. El primero en quien pensó Obama como candidato para el puesto fue John Brennan, un veterano miembro de la CIA; pero enseguida renunció a nombrarlo, tanto por las protestas que surgieron de la izquierda del Partido Demócrata como por temor a que se aireasen sus antiguas declaraciones de apoyo a la sucia política antiterrorista de Bush. Brennan quedó reducido a asesor presidencial y Obama encargó la dirección de la CIA a Panetta: un hombre de Bill Clinton (fue su jefe de gabinete entre 1994 y 1997) sin experiencia en el gremio de la Inteligencia.

La preocupación de algunos periódicos influyentes sobre la continuidad en los secuestros y las ‘entregas ilegales’ de prisioneros (ver el anterior post) parecieron calar en el ánimo de algunos senadores. Y Dianne Feisntein, presidenta del Comité de Inteligencia, preguntó si tales prácticas ilegales iban a mantenerse. El ‘no’ de Panetta fue rotundo. Pero el republicano Kit Bond le recordó que las llamadas ‘extraordinary renditions’ de sospechosos ilegalmente detenidos habían sido ‘frecuentes’ ya durante la etapa presidencial de Clinton, aunque no fueran expresamente autorizadas hasta después del 11-S bajo mandato de Bush. Y le preguntó si había estado de acuerdo. Entonces Panetta matizó su rotundo ‘no’ anterior.

El tal mister Bond, que no había dicho una palabra sobre el espinoso tema durante la doble presidencia de Bush, pudo sacar el dato de un artículo publicado en The Washington Times, en el que se citaban hechos poco conocidos: según la Comisión 11/9, antes del ataque contra los Torres Gemelas ya se habían producido cerca de un centenar de secuestros y ‘entregas ilegales’, método aberrante anterior a la presidencia de Ronald Reagan. (Consultar el artículo de Spencer Ackerman en Washintonindependent.com del 15 de enero)

Sin embargo la peor parte del plumero que Panetta mostró en el Senado fue su anuncio de que como jefe de la CIA no pediría responsabilidades a los agentes que hubieran practicado torturas, tales como el ‘waterboarding’: un simulacro de ahogamiento, que en América Latina se denomina ‘submarino’, permitido por Bush en 2002 y practicado oficialmente hasta 2006. El argumento empleado por Panetta suena a vieja y trágica milonga: ‘Estas personas no deberían de ser sometidas a juicio ni investigación si cumplieron con la ley, tal como la interpretó el fiscal general.’ Los militares argentinos llamaron ‘obediencia debida' a esa figura absurda. Cuando Argentina recuperó el más elemental sentido de la Justicia, la injusta Ley de Obediencia debida quedó abolida. Ningún militar, policía o funcionario --sea argentino o norteamericano-- puede excusarse en el cumplimiento de órdenes de secuestrar, torturar, violar, asesinar o hacer desaparecer a un ser humano.

(DESDE SAN FRANCISCO, CALIFORNIA) En los círculos con mayor espíritu crítico de San Francisco --a los que la universidad de Berkeley suele dar una suave pátina izquierdista-- se empieza a echar agua al vino con que Obama ha conseguido embriagar de optimismo a una opinión pública necesitada de creer en algo, tras la oscura etapa de Bush. Se mide cuidadosamente el alcance de las palabras y los actos del nuevo presidente para evaluarlos de forma realista. Así, se contrasta su pública regañina a los banqueros con la inexistencia de un proyecto de reforma de las normativas financieras que les permiten disfrazar decisiones sospechosas de malversación de los fondos públicos que han recibido. O se estudian con lupa las medidas que Obama ha adoptado para acabar con los atropellos a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, autorizados por su antecesor en la Casa Blanca.

Pero no son sólo los intelectuales californianos quienes plantean la cuestión de que no basta con cerrar Guantánamo y prohibir formalmente la tortura. Los periódicos más liberales y con mayor credibilidad también examinan estos días los límites de la nueva política. Un editorial del New York Times ha recordado el silencio oficial sobre la famosa cárcel de Bagram (Afganistán), donde unos 600 prisioneros permanecen confinados bajo el único control de las fuerzas armadas norteamericanas, privados de los derechos más elementales. Y Los Angeles Times señala en un artículo de Greg Miller que las ‘entregas ilegales’ de prisioneros políticos (las controvertidas ‘extraordinary renditions’) se mantienen intactas como ‘herramientas’ de lucha antiterrorista, y teme que su práctica tienda a incrementarse.

Las órdenes firmadas por Obama para acabar con la tortura y cerrar las llamadas ‘cárceles secretas’ de la CIA no implica hacer público el emplazamiento de éstas, ni él número, la identidad y el destino de sus prisioneros. Pero además, como señala el periódico californiano, la CIA continúa autorizada a efectuar secuestros y traslados secretos de prisioneros en distintas partes del mundo. Miller llega a poner en boca de un alto funcionario de Obama (cuyo nombre no desvela) que tales ‘herramientas antiterroristas’ se consideran ‘prácticas aceptables bajo ciertos parámetros’. Y que su número se incrementará como primera consecuencia del cierre de las ‘cárceles secretas’.

La guinda de la vergüenza la ha puesto una organización humanitaria, que destacó en la denuncia de los métodos creados por el gobierno de Bush: Tom Malinowski, jefe de los abogados de Human Right Watch en Washington, a declarado sin ruborizarse que la cosa le parece bien, ‘bajo circunstancias limitadas’.

A todo ello se ha sumado la voz del incombustible Noam Chomsky que, en una entrevista distribuida por Press Tv, ha denunciado el ‘pasado harto terrible’ de Richard Holbrooke (uno de los ‘enviados internacionales’ de Obama) por su antigua responsabilidad política en las atrocidades cometidas por Indonesia en Timor, y su actitud de ‘ojos ciegos’ en la matanza de Srebrenica (Bosnia). Más agua al vino. Y agua sucia.

¿Debemos los europeos acoger a prisioneros de Guantánamo en nuestros países para facilitar el cierre de esa prisión de la vergüenza? La cuestión apareció el pasado día 26 sobre la mesa de trabajo de la Unión Europea. Esa mañana los ministros de Asuntos Exteriores de sus 27 miembros se enfrentaron al primer problema político planteado por Obama a sus aliados de este lado del charco: ‘A ver, ¿quién echa una mano para sacar a los presos sin cargos de Guantánamo?’

Washington todavía no ha presentado a Bruselas una petición formal de colaboración. Pero han realizado consultas bilaterales con distintos gobiernos europeos y el asunto se ha convertido en un secreto a voces: se trata de que varias naciones acojan a unos 60 prisioneros que no pueden ser enviados a sus países de origen porque sus vidas correrían peligro. Detenidos que en su mayoría fueron comprados a señores de la guerra o grupos paramilitares a 5.000 dólares por cabeza, contra quienes no se ha logrado concretar acusación alguna, y que hasta ahora no han sido liberados simplemente porque la Administración Bush no sabía que hacer con ellos.

Europa no ha puesto buena cara pero acabará ayudando a Obama. Javier Solana --ese ‘responsable de la política exterior de la UE’ carente de responsabilidades concretas-- por una vez puso el dedo en la llaga al declarar que se trata de ‘un problema de los estados Unidos y son ellos quienes tienen que resolverlo.’ El gobierno checo, presidido por un euroescéptico duro, prefiere que cada país perfile su propia posición. Holanda y Austria se niegan de plano. Alemania duda. Gran Bretaña, Francia, Finlandia y otros quieren complacer al nuevo emperador. España,
más allá de las buenas palabras, se muestra reticente e insiste en aguardar los movimientos de la administración y la justicia norteamericanas.

Cierto es que la inmensa mayoría de los presos de Guantánamo que han recuperado la libertad no han causado problema alguno. (A través de la ONG angloamericana Reprieve, tuve ocasión de conocer a algunos y de entrevistar a Tarek Derghoul, ciudadano británico que fue secuestrado en Pakistán.) Pero acogerlos plantea numerosos problemas: ¿se puede limitar su libertad de movimientos? ¿Se puede impedir que denuncien ante los tribunales de Justicia los atropellos que han sufrido?

¿Deben las naciones europeas que asumir responsabilidades ajenas? Si los prisioneros de Guantánamo pueden quedar en libertad en algunos rincones de Finlandia, de Italia o de España... ¿por qué no pueden hacerlo en tierras de Oregón, de Ohio o de Nevada? Europa debería exigir a la Administración Obama que empezara por efectuar un cambio radical e inmediato en las inhumanas condiciones de encarcelamiento en Guantánamo --lo que aún no se ha producido, ni siquiera insinuado-- y que acabase indemnizando a quienes ha secuestrado y torturado durante años sin disponer de pruebas para acusarlos de delito alguno. Pero Europa no puede hacerlo, porque muchos miembros de la Unión están pringados de complicidad en detenciones ilegales y en vuelos secretos de la CIA que trasladaron a secuestrados; de algunos incluso se sospecha que albergaron centros secretos de detención ilegal.