Con los pobres de la Tierra

Desde hace tiempo los centuriones argentinos desfilan ante los tribunales de Justicia, rindiendo cuentas de los crímenes de lesa humanidad que cometieron hace treinta años. Es cierto que se trata solo de los principales responsables de la represión, los altos mandos y los verdugos más destacados, mientras que otros miles de militares y policías ejecutores del genocidio permanecen en las sombras. Pero, aún así, la función ejemplarizante de la Justicia se cumple en ese puñado de asesinos uniformados, la mayoría ya ancianos, que habrán de morir entre rejas sin que su avanzada edad les sirva para cumplir la pena en arresto domiciliario después de haber disfrutado de una larga impunidad.

Entretanto, el sector civil de la dictadura duerme tranquilo, sin que se investigue ni se pretenda castigar sus responsabilidades en el terror de Estado. Y no se trata solo de quienes se enriquecieron gracias a la despiadada política ultraliberal impuesta con las bayonetas, sino de cómplices directos en crímenes como el secuestro y la apropiación de niños, cuyos padres desaparecieron en los centros de detención del Ejército y la Armada, o entre las manos de la Policía. Así, entre el centenar de chicos localizados e identificados por las Abuelas de Plaza de Mayo hay de casi todo: niños a quienes se hizo creer que eran hijos de los asesinos de sus auténticos padres; bebés entregados a familias de oficiales; criaturas abandonadas en orfanatos y adoptadas de buena fe... Pero ni uno solo de los que presumiblemente fueron regalados o vendidos a las mujeres estériles o caprichosas de la poderosa oligarquía económica que respaldó al gobierno castrense.

Sin embargo estos días se ha producido una denuncia que puede señalar el fin de algunos privilegios sociales que han facilitado el ocultamiento de la verdadera identidad de los niños robados y entregados a los jerarcas civiles de la dictadura: la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobick de Mariani, Chicha, ha solicitado ante el juzgado federal de La Plata que se realice un análisis de ADN a una hija de Ernestina Herrera de Noble, propietaria del diario Clarín y otros medios de comunicación, para averiguar si se trata de su nieta Clara Anahí, a la que busca desde hace treinta y tres años. (http://blogs.rtve.es/vicenteromero/2009/8/23/-donde-esta-clara-anahi)

Siempre se sospechó que Marcela y Felipe Noble, adoptados por doña Ernestina, fueran hijos de víctimas del terror militar ya que, según el ex juez federal Roberto Marquevich, "sus expedientes de adopción resultan escandalosos desde la tapa hasta la última hoja". A pesar de ello la causa donde se investiga su apropiaciónpor la familia Noble permanece varada en un juzgado de San Isidro (Buenos Aires). La hipótesis es que Clara Anahí fuera sacada de su casa --donde las fuerzas conjuntas de Policía y Ejército dieron muerte a su verdadera madre-- por Juan Fiorillo, policía a las órdenes del comisario Etchecolatz, condenado reclusión perpetua, y que, tras una mediación del general Ramón J. Camps, acabara en el hogar de Ernestina Herrera de Noble. Un reciente cambio legislativo permite ahora que la Justicia ordene la comprobación genética, y a él se acoge la petición de Chicha Mariani.

Los propietarios de ‘Clarín’ --el diario argentino de mayor circulación-- siempre se esforzaron en ocultar la procedencia de Marcela y Felipe. En 1978, cuando cayó la dictadura militar, los internaron en un colegio de Suiza. Pero años más tarde cometieron el error de publicar una serie de fotografías de la gira familiar que hicieron por Europa. Y ello permitió observar el parecido de Marcela Noble con los padres de Clara Anahí. Chicha recuerda que el político derechista Guillermo Patricio Kelly le indicó que buscara a su nieta en el seno de la familia Noble. Y que dos obispos le dijeron que era imposible recuperarla "porque se encontraba en manos de gente con mucho poder". La judicatura argentina medirá mucho cada paso que dé --que tenga que dar-- en un asunto sumamente delicado, por afectar a los dueños del grupo mediático con mayor capacidad de influencia en la opinión pública. De ahí, la presión que los organismos de Derechos Humanos han comenzado a hacer, solidarizándose con la petición de Chicha Mariani.

Se cumplen los cien primeros días de Obama en la Casa Blanca sin que aún se hayan visto los frutos de la primera decisión importante que tomó al llegar a la presidencia: cerrar el presidio ilegal de Guantánamo. Es cierto que atemperó su anuncio prometiendo hacerlo ‘en el plazo de un año.’ Pero las semanas y los meses han ido pasando sin que se advirtieran avances en el proceso de liquidación de la cárcel de la vergüenza. Ni siquiera se han atenuado las condiciones extremas que sufren la mayoría de los prisioneros en los módulos de máxima seguridad Delta 5 y Delta 6 (construidos por una empresa filial de la famosa corporación Halliburton, vinculada al entonces vicepresidente Dick Cheney). Los reclusos aún permanecen aislados en minúsculas celdas durante 23 horas diarias, con la luz siempre encendida. Y la ducha forma parte de los 60 minutos de recreo, que se consumen en pequeños gallineros de unos 20 metros cuadrados.

Según la organización humanitaria angloamericana ‘Reprieve’ (‘Indulto’), quedan en Guantánamo 241 prisioneros, de los que unos 40 podrían ser juzgados por tribunales de los Estados Unidos. Unos 150 serían repatriados. Y quedarían otros 50, que no pueden ser devueltos a sus países de origen porque ello supondría exponerlos a persecución, torturas e incluso muerte. De cómo y cuando dar destino a los integrantes de los dos primeros grupos no se ha vuelto a hablar. Tan sólo se ha especulado con la suerte de ese medio centenar que la Administración norteamericana no tiene a dónde enviar. Hace muchos meses --en algunos casos, dos años-- les comunicó que quedarían en libertad sin cargos cuando algún país estuviera dispuesto a acogerlos. Y Obama ha pedido a sus aliados europeos que le ayuden a salir del atolladero, proporcionándoles lugares de asilo.

Más allá de la deseable colaboración democrática con Obama, muchos estados europeos tienen la irrenunciable obligación moral de echarle una mano para facilitar el final de la pesadilla de Guantánamo. Porque está sobradamente probado que fueron cómplices de Bush en los ‘traslados ilegales’ de prisioneros, efectuados por los famosos ‘vuelos secretos de la CIA’ con escalas en aeropuertos europeos, principalmente de España y Portugal. Y también porque algunos gobiernos, como los de Italia, Alemania o Suecia, colaboraron en secuestros, mientras que otros llegaron incluso a albergar centros de detención de la CIA, como Croacia, Rumania o Polonia.

Pero tan solo media docena de países han ofrecido su colaboración para enmendar los atropellos cometidos por los Estados Unidos durante el mandato de George Bush. El Parlamento Europeo debatió la cuestión el 3 de febrero, sin alcanzar un acuerdo, y cada nación quedó libre de aceptar o negar la acogida de prisioneros. El 24 de febrero, en Washington, el ministro Moratinos prometió a Hillary Clinton que España aceptará media docena de reclusos de Guantánamo. Quedaron por concretar su número y sus identidades, además de establecer un marco jurídico de acogida que determine su estatus, sea como asilados o como meros residentes.

No hay razón alguna para que continúe la demora en los trámites de liberación por parte norteamericana ni en los de acogida por parte española. Porque se trata de hombres inocentes, contra los que no se ha formulado cargo alguno. Que fueron secuestrados y permanecieron hasta siete años encargado en condiciones inhumanas. Y que esperan unas simples firmas en unos documentos para recuperar la libertad que les robaron.

En el terreno político el principal desafío que aguarda al presidente Obama consiste en reconquistar las Garantías democráticas, gravemente deterioradas bajo el mandato de su antecesor. Primero, seis días después de la destrucción de las Torres Gemelas, Bush concedió unos ‘poderes especiales’ a la CIA y el Pentágono que rebasaban los límites establecidos por la propia Constitución norteamericana; después, en 2002, firmó una orden que desvinculó a los Estados Unidos de la convención de Ginebra. Todo ello sirvió para establecer una metodología criminal en la denominada ‘guerra sucia contra el terrorismo’, basada en el atropello sistemático de los derechos humanos.

El primer capítulo del plan de Obama para que los Estados Unidos recuperen la dignidad perdida consiste en cerrar Guantánamo. Pero esa prisión ilegal no es más que la punta visible de un siniestro iceberg: el oscuro universo carcelario levantado por la CIA y el Pentágono en distintos lugares del mundo: las famosas cárceles secretas, agujeros negros en los que se pierde el rastro de detenidos políticos sin cargo. Presidios sobre los que Obama no dijo una sola palabra durante su campaña electoral y a los que después tampoco ha hecho referencia alguna.

Sin embargo, hace pocas semanas, una comisión del Senado norteamericano aprobó un informe en el que aparecen documentadas una serie de ‘decisiones infames’ adoptadas por los ministros de Defensa y Justicia de Bush (Rumsfeld y Gonzales) y el vicepresidente Cheney. Decisiones políticas que autorizaron la tortura --bajo el eufemismo de ‘técnicas agresivas de interrogatorio’-- y permitieron secuestros, traslados ilegales de prisioneros, cárceles secretas, homicidios y desapariciones de prisioneros. Hechos probados que deberían acabar en tribunales de Justicia, para bien del sistema democrático norteamericano. Sin ello, el anunciado cierre de Guantánamo quedaría reducido a un lavado de imagen.

Amnistía Internacional ha planteado una batería de medidas urgentes para que la nueva política de derechos humanos prometida por Obama resulte creíble. ‘La primera es un plan para cerrar Guantánamo en un plazo razonable --expuso Esteban Beltrán en ‘Informe Semanal’-- La segunda, que se prohíba la tortura y los malos tratos. La tercera, que no haya impunidad con lo ocurrido. Todo ello se resume en que los Estados Unidos vuelvan del lado oscuro de los derechos humanos hacia el lado de la legalidad internacional.’

El cierre de Guantánamo debería ser sólo un primer paso. De nada serviría dinamitar la punta del iceberg y mantener impunes tantos crímenes de estado, paradójicamente cometidos ‘en defensa de la libertad’.

Pasaron las primeras conmemoraciones del 60º aniversario de la proclamación de los Derechos Humanos en la ONU, a base de actos formales, más o menos solemnes. ‘Parole, parole, parole’, que dicen los italianos; ‘bla-bla-blás,’ lo traducimos aquí. Propuestas de medidas prácticas contra los 81 estados que atropellan esos derechos irrenunciables, ninguna. ¿Qué Parlamento ha anunciado un solo proyecto legislativo en ese sentido? Silencio general en los medios de comunicación, que informaban de los actos formales, sobre la responsabilidad de las grandes corporaciones económicas internacionales que basan sus beneficios sobre el abuso laboral, el expolio de recursos naturales y el crimen político. Tampoco ha habido organizaciones sociales que presentaran listas de empresas cuyos productos podamos boicotear los ciudadanos. Y mientras se daba lectura al articulado de los Derechos Humanos en distintas instituciones, por las cercanías de sus sedes vagaban --desamparados, perdidos en un limbo legal-- centenares, miles de inmigrantes sin papeles ni derechos, pendientes de una diaria ración de caridad. Habría sido absurdo invitarlos a presenciar esas conmemoraciones solemnes. Ni siquiera se les hubiera permitido la entrada en los recintos oficiales donde se celebraban, por carecer de documentación.