Vagamundo

Son ya 20 años. Perdonen que recurra a la memoria, en estos tiempos en los que la memoria parece un valor en declive, pero para mí sigue siendo una herramienta fundamental en el complicado deambular por el mundo. Y la memoria me lleva a El Salvador, hace 20 años. Me lleva a la Universidad Centroamericana, la UCA, de San Salvador. Me lleva a la última vez que vi con vida a Ignacio Ellacuría y a Nacho Martín Baró, unos días antes de que fueran asesinados junto a sus otros cuatro compañeros jesuitas y a su cocinera y a la hija de ésta, que también fueron inmoladas con ellos.

Eran días difíciles aquellos, como siempre resultan difíciles las jornadas y las circunstancias ante las que uno debe definirse, tomar partido. Y los “jesuitas de El Salvador”, definición con la que todos ellos han pasado a formar parte de la historia, tomaron partido. Lo hicieron a favor de la vida, sabiendo que en esa apuesta se jugaban precisamente su propia muerte. Pero para ellos el mensaje evangélico que intentaban encarnar no tenía sentido de otra manera. No podrían haber seguido viviendo si hubieran optado por guardar silencio, por no denunciar la injusticia social y la barbarie que se cernía sobre miles de salvadoreños, por argumentar que el diálogo es siempre mejor que la violencia. Si lo hubieran hecho, si se hubieran callado, no habrían muerto asesinados pero habría ido muriendo en vida.

En aquellos días el ejército salvadoreño, los escuadrones de la muerte que actuaban a sus órdenes, y la policía, habían convertido El Salvador en un territorio de terror. Con la complicidad, con el beneplácito, con el acicate del partido que entonces gobernaba El Salvador, ARENA, y del presidente de entonces, Alfredo Cristiani, líder hoy de ese mismo partido.

Ahora, 20 años después, con ARENA fuera del gobierno desde hace unos meses, el nuevo presidente salvadoreño, Mauricio Funes, ha otorgado a los seis jesuitas, a título póstumo, la más alta condecoración de El Salvador. Se ha hecho así, moralmente, justicia.

Queda por hacerse la otra, la de los tribuales. En la Audiencia Nacional española se sigue el proceso iniciado a instancias de la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra los principales responsables de aquel crimen, entre ellos, por acción o por omisión, el entonces jefe de Estado mayor, general René Emilio Ponce, y el propio Cristiani. Ahora se aportan a la causa nuevos documentos desclasificados que demuestran que la CIA sabía que se preparaba el asesinato colectivo.

Es sólo la prueba de lo que era evidente. El brazo ejecutor del crimen colectivo fue un comando del batallón Atlacatl, el cuerpo de élite salvadoreño, responsable de otras salvajes matanzas en aquellos años como las del Mozote. El batallón contaba con asesores estadounidenses. Era impensable que un acto de barbarie como aquel fuera cometido sin que esos asesores lo supieran. Probablemente ellos mismos estuvieron de acuerdo con que había que silenciar las voces de aquellos jesuitas que habían cometido la osadía de no guardar silencio. 20 años después, sus voces, su ejemplo, nos siguen alumbrando el camino. Ellos son los jesuitas que enarbolaron, con valentía y hasta las últimas consecuencias, el compromiso como seres humanos con su mundo y su gente; son los auténticos héroes de nuestro tiempo.

Puedo entender, incluso justificar, el miedo. Pero nunca comprenderé la cobardía. Lo pienso a la hora de encajar lo ocurrido en Uruguay con el plebiscito sobre la derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida popularmente como “ley de impunidad”. Que me perdonen mis amigos uruguayos, que me perdonen todos los uruguayos, pero lo ocurrido en la consulta, con la derrota de la propuesta de derogación de la Ley de Caducidad, me parece un acto de cobardía colectiva, la cobardía de miles de personas en Uruguay que respaldan así la impunidad de quienes torturaron, violaron, asesinaron y desaparecieron a seres humanos.

Hace unos días, en este mismo blog, hablábamos de una decisión del Tribunal Supremo de considerar inconstitucional esa ley en el caso de una maestra asesinada durante la dictadura por su militancia política. Un lector recordaba, en su comentario, que la Ley de Caducidad fue refrendada por la mayoría de los uruguayos en 1989, después de que una iniciativa popular similar a la votada ahora.

En aquella ocasión el resultado de la consulta causaba tristeza, pero había elementos que hacían entendible el miedo de la mayoría de los uruguayos. Los militares habían regresado a los cuarteles, pero sólo nominalmente. Seguían amenazando a una democracia vigilada. En la vecina Argentina, los “carapintadas” se habían sublevado en varias ocasiones. Chile continuaba aún bajo la bota de Pinochet. El chantaje de los militares y de los dirigentes uruguayos de entonces era evidente: si se exigía justicia y castigo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos éstos podían reiniciar la larga noche de terror y sangre.
Ahora no hay ese temor, ahora no existe la amenaza. Son otros tiempos y otras circunstancias, por eso el mantenimiento de la “ley de impunidad” no parece surgido del miedo a despertar de nuevo a la bestia sino de la cobardía de quienes prefieren que todo siga como está. Y la cobardía es siempre profundamente insolidaria.

Reconozco que me ha sorprendido y reconozco que, aunque no me afecte personalmente, me duele. Me duele esa falta de solidaridad de buena parte de la sociedad uruguaya con sus conciudadanos, con quienes padecieron las consecuencias de la dictadura. Me duele por mis amigos uruguayos y por todas las víctimas. Me duele por Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman. Me gustaría saber qué le dirían a Macarena, si la tuvieran frente a frente, todos los que han votado por el mantenimiento de la “ley de impunidad”.

Me gustaría saber como justificarían que su voto le niegue la posibilidad de exigir justicia a quienes secuestraron en Argentina a sus padres, Marcelo y María Claudia, a quienes trasladaron clandestinamente a María Claudia embarazada de siete meses a Uruguay, una vez asesinado Marcelo, a quienes esperaron que María Claudia diera a luz una bebé para asesinarla después y entregar esa niña recién nacida en adopción a un esbirro de la dictadura; es decir que le nieguen la posibilidad de que se juzgue a quienes le robaron a sus padres, a quienes le robaron su infancia y adolescencia, a quienes le robaron su identidad. ¡Cuánta insolidaridad! ¡Cuánta cobardía!

Así la llamó la mezcla de sabiduría e ironía popular uruguayas: Ley de Impunidad. El título que le dieron quienes perpetraron esa barbaridad jurídica era mucho más rimbombante, mucho más rebuscado y mucho más hilarante: Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Es decir, el Estado renunciaba a uno de los pilares básicos de la democracia, que hubiera justicia y que todos los uruguayos fueran iguales ante la ley. Los militares no iban a serlo.

El Tribunal Supremo de Uruguay acaba de dictaminar que la Ley de Caducidad (por reducir su absurdo nombre) no es aplicable al caso de una maestra asesinada durante la dictadura por sus posiciones políticas. De esta manera, el alto tribunal uruguayo abre la puerta a que otros casos similares puedan ser juzgados. Tarde han reaccionado los jueces uruguayos, pero al menos han reaccionado. Y lo han hecho a sólo unos días de que los uruguayos voten en plebiscito su derogación.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (no me resisto a volver a escribir ese nombre de filigrana jurídica torticera) fue aprobada en 1986, al año siguiente del retorno de la democracia a Uruguay. Los militares, que habían impuesto a sangre y fuego su gobierno usurpador, seguían amenazando a toda la sociedad. Era lo que Eduardo Galeano denominó la “democradura”, que se abrió paso también en Argentina y en otros países latinoamericanos. Democracias vigiladas, cautivas de los militares que habían ensangrentado sus suelos.

La Ley de Caducidad fue aprobada por un congreso uruguayo dominado por los dos partidos políticos tradicionales uruguayos, el Colorado y el Blanco, que aceptaron el chantaje de los militares y que se hicieron así sus cómplices. A la cabeza del país estaba el presidente Julio María Sanguinetti, uno de los principales valedores de la Ley de Caducidad. Un político que defendió el olvido y la impunidad y que luego se ha dedicado a dar lecciones de democracia, otra ironía más.

La Ley de Caducidad impedía que se investigaran y juzgaran los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985). Quedaban así impunes la represión, las torturas, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones de quienes se habían opuesto al régimen militar. No parecía una contradicción demasiado llamativa en un país en el que la principal cárcel en la que eran encerrados los opositores a la dictadura se llamaba Libertad.

Recuerdo una película que relataba la situación en aquel presidio. Llevaba el nombre de “Los ojos de los pájaros”. A los presos recluidos en el penal Libertad se les prohibía tener imágenes que hicieran referencia precisamente a la libertad. Los pájaros eran uno de los símbolos prohibidos. Un recluso recibió un dibujo de su hijo en el que se veía una especia de bosque o arboleda, y entre la maleza verde sobresalían unos puntos brillantes. El niño explicó lo que significaban aquellos puntos, eran “los ojos de los pájaros”.

Se veía venir. Flotaba en el ambiente. Parecía cantado. Desde que se inició la resaca, el movimiento de retirada, la renuncia al principio de Jurisdicción Universal, estaba claro que nada de lo avanzado hasta ahora iba a quedar igual. Y la Audiencia Nacional ha sido rápida en dar carpetazo al caso de los asesinos de José Couso.

No existe una relación directa entre lo legislado hace unas semanas por el parlamento español, dando marcha atrás al principio de Jurisdicción Universal para los delitos de Lesa Humanidad, y el asesinato de Couso. De hecho, según la nueva legislación aprobada por el Congreso de los Diputados al tratarse de un ciudadano español la causa podría seguir. Pero en el fondo subyace la misma concepción, el mismo espíritu pacato, reaccionario y retrógrado.

El argumento de los magistrados de la Audiencia Nacional para que el expediente de Couso pase a dormir el “sueño de los injustos” resulta demoledor. Sus Señorías consideran que tiene mayor peso, mayor credibilidad, mayor fundamento jurídico la vaga argumentación de los militares estadounidenses que dispararon contra el hotel Palestina que el testimonio de los periodistas que vivieron, que vivimos directamente lo ocurrido y la tragedia que supuso.

Nadie, en el hotel Palestina, vio aquel día ni un solo francotirador, ni un solo miliciano o soldado iraquí armado. Pero sí lo vieron desde el tanque situado a más de un kilómetro de distancia los responsables de aquel mortal disparo. Sus Señorías creen que la justificación de los estadounidenses, que llevaban a cabo una invasión ilegal e inmoral, es más creíble que quienes trataban de contar al mundo, jugándose el tipo (y a Jose le costó la vida), la realidad de aquella barbarie.

Aquel 8 de abril resulta imposible de olvidar para quienes estábamos en Bagdad, para todos los amigos de Jose. Fue uno de los peores días de nuestras vidas, en lo profesional y en lo personal. Lo decidido por la Audiencia Nacional no hace sino confirmar esa categoría de día aciago y esa sensación de que seguimos viviendo en un mundo en el que la injusticia es la norma cuando uno se enfrenta a los poderosos, que la impunidad sigue siendo la regla, la impunidad de la que gozan los asesinos de José Couso. Pero su familia no se da por vencida, como tampoco lo hacemos sus amigos ni lo hacen todos los que siguen apostando por un mundo más justo.

Contemplo, desde la terraza de una habitación cualquiera de un hotel cualquiera, las luces de San Salvador, que se extienden sin fin hacia el centro de la ciudad, que escalan por los cerros y por la falda del volcán. Podría ser cualquier otra ciudad, cualquier otro hotel, cualquier otra habitación. El recorrido por el mundo, el oficio de Vagamundo, dibuja paisajes similares. Pudiera equivocarme y estar en otro sitio. Pero resulta difícil confundirse.
Hay países, hay ciudades, hay espacios y momentos que quedan grabados para siempre; rincones especiales que han marcado el recorrido de uno por el mundo. En El Salvador viví no sólo una guerra brutal, sino que confirmé que la maldad existe, que la crueldad es consustancial a la forma de actuar de muchos hombres.
Desde esta terraza se atisba, entre las sombras, al pie de un moderno edificio de un banco internacional, la Universidad Centroamericana, la UCA. Hace 20 años allí mantuve entrevistas, escuche palabras, que me marcaron. Palabras que se me grabaron en la memoria y que se transformaron en indelebles cuando se me heló la sangre al escuchar que habían asesinado a los oradores, a quienes las pronunciaban. El asesinato de los jesuitas de la UCA no fue un crimen cualquiera, fue el intento por ahogar en sangre cualquier intento por propiciar la justicia social en El Salvador.
Hoy no hay justicia social en este país, no la ha habido a lo largo de su historia, pero comienza una nueva página de esa historia, una nueva esperanza. Mauricio Funes llega a la presidencia después de su victoria electoral a la cabeza del FMLN. Y llega cargado de expectativas para quienes le votaron, para quienes desean que se pueda pedir y, sobre todo, se puede trabajar por la justicia social.
Da miedo pensar que esas expectativas puedan frustrarse. Da angustia imaginarse que Funes fracase, que la gente que ha aguardado tanto tiempo, que tanto ha sacrificado, que tanto se ha jugado la vida y se ha jugado la muerte, acabe también con la sensación de que nada cambia. Es un momento crucial para El Salvador, para el “pulgarcito” de América, como lo bautizó Roque Dalton. A él lo asesinaron sus propios compañeros porque la razón no siempre ilumina a quienes dicen defender la justicia. Ojalá esta vez no se asesinen las esperanzas de tantos salvadoreños.

No suelo comentar los hechos o noticias que ocurren en España porque no quiero hablar de todo y porque me parece lógico circunscribirme a mi tarea profesional, que tiene que ver con lo ocurre en eso que en las redacciones llamamos el área Internacional. Aún así tengo que hace referencia a una decisión de política interna pero que afecta a acontecimientos que han ocurrido y ocurren fuera de las fronteras españolas.

Tiene que ver con el sueño de un mundo más justo, con el crudo despertar a la realidad después de ese sueño. Los partidos políticos mayoritarios en el parlamento español se han puesto de acuerdo para dar marcha atrás en la aplicación del principio de Jurisdicción Universal para los delitos de lesa humanidad. Es decir, una vez que la reforma legislativa entre en vigor, la Audiencia Nacional ya no podrá perseguir esos graves crímenes ocurran donde ocurran si allí no son investigados. Sólo podrán emprenderse acciones judiciales en el caso de que esos crímenes hayan afectado a ciudadanos españoles.

Supongo que Pinochet debe haberse revuelto feliz en su tumba, y que los dictadores y torturadores argentinos, comenzado por Videla, se frotan las manos, como lo hacen los responsables del genocidio en Guatemala, los dirigentes y altos mandos israelíes o los criminales de tantos otros países. Todo lo que se había avanzado para lograr un mundo más justo y menos impune, y en lo que España, la Audiencia Nacional, había actuado como vanguardia, sufre un retroceso que debería sonrojar a quienes lo han impulsado.

No puedo entenderlo. No es comprensible. E incluso es contradictorio, legalmente y políticamente contradictorio, con los Tratados Internacionales suscritos por España sobre Derechos Humanos. Pero además es moralmente deplorable. Incluso si las acciones de la Audiencia Nacional provocan roces con otros países.

Los políticos se llenan la boca de palabras como justicia, derechos, principios, valores. Pero una vez más han demostrado que se trata de discursos vacíos, de poses impostadas, de hipocresía política. Me gustaría que explicaran sus razones mirando a los ojos a los padres de los desaparecidos, a los hijos robados, a los niños mutilados, a las víctimas de tanta barbarie. Me parece decepcionante y mi orgullo por formar parte de una España que había apostado por la justicia universal se resquebraja.

No es una pregunta baladí, ni retórica. Se me vuelve a plantear estos días en los que el debate sobre la tortura vuelve a estar de actualidad con las informaciones sobre las torturas autorizadas por el gobierno estadounidense en Guantánamo y en otros lugares de los que apenas se habla. Es triste que el debate no lo sea permanente. El debate en estos días es sobre todo semántico. Lo es en lo formal, en la forma. Pero debiera serlo también moral en cuanto al fondo.

El aspecto semántico tiene que ver con lo que se considera tortura. Los magos del lenguaje leguleyo, los encargados de revestir de legalidad lo ilegal no tuvieron ningún problema en encontrar los recovecos por los que colarse. Así burlaron lo que estaba prohibido y revistieron la tortura de un traje distinto con el que autorizar una práctica inhumana. En su día el Tribunal Supremo de Israel lo solucionó con un eufemismo digno de admiración: aceptó como legal aplicar una “presión física moderada”. Esa vía cómplice se convirtió en un coladero, como señaló la organización israelí B´Tselem, para torturar al 90% de los palestinos detenidos. La única moderación estaba en el término utilizado, el resto era tortura, simple y llanamente. Algo similar hicieron los abogados del Departamento de Justicia (¿otro eufemismo lo de Departamento de Justicia?) estadounidense bajo el mandato del presidente Bush.

Quienes tuvieron cargos en aquella administración, como el vicepresidente Richard Cheney, o la secretaria de Estado Condeleezza Rice, sabían lo que hacían y lo que autorizaban a hacer. A nadie con un mínimo de sentido común le cabía duda al respecto. Y por lo tanto deberían ser juzgados por ello. Entre otras cosas porque retorcieron torticeramente la legalidad para permitirlo. Estados Unidos estaba obligado por la Convención Internacional contra la Tortura, que tiene rango superior a la legislación estadounidense. Así que deben ser procesados.

La cuestión moral puede parecer más complicada a priori, pero para mí se soluciona con la interrogante que planteo al principio de estas líneas. ¿Quién está dispuesto a torturar? ¿Lo haría usted, lo haría yo? ¿Se ve a usted, una mañana y una tarde y una noche y otra y otra torturando a una persona?

Creo que la figura de los torturadores es todavía más siniestra que la de los verdugos. Éstos, sin que sirva de justificación, al menos no se enfrentan al sufrimiento de sus víctimas, de la misma víctima quiero decir, una y otra vez. Pero imagínense lo que pasa por la mente de alguien que es capaz de torturar 183 veces en un mes, es decir, tres veces al día, a la misma persona. Eso es lo que, según acabamos de conocer, hicieron con uno de los presos de Guantánamo. Algo similar ocurría en las cárceles clandestinas de las dictaduras argentina o chilena o de tantos sitios.

Los torturadores torturan porque disfrutan haciéndolo, les da placer, les confiere una sensación de poder, les permite sentirse superiores; no porque se lo ordenen. Sabido es, dentro de la doctrina del Derecho, que nadie está obligado a cumplir una orden injusta o que sea contraria a una legislación superior. Quienes torturaban también sabían perfectamente, igual que sus jefes, lo que hacían y sabían que era ilegal e inmoral. Así que tendrían que ser igualmente procesados.

Si la mayoría de los funcionarios a los que se les pedía que aplicaran las torturas se hubieran negado, éstas no se hubieran producido. Y no todos estamos dispuestos a torturar.

La primera vez que escuché hablar en profundidad de Sudán fue hace más de treinta años. Un día apareció por nuestra casa, la de mi familia, una muchacha esbelta y de ojos inmensos. Caminaba con la elegancia de una princesa nubia. Se había hecho amiga de una de mis hermanas y prácticamente se quedó a vivir con nosotros durante un año. Se llamaba Salwa y hablaba con la dulzura del sonido del agua en el oasis. Había atravesado varios desiertos, geográficos y humanos. Y nos hablaba de su país, de aquel Sudán lejano, de sus desiertos y valles y montañas, nos hablaba del Nilo Azul y del Nilo Blanco, de la amabilidad de sus gentes, y también de la dureza de una tierra esclava de su historia, de la remota y de la cercana.

Hoy Sudán vuelve a mi memoria y trato de recuperar aquella imagen mítica que Salwa nos transmitió de su país. Pero desde hace años cada vez que miro hacia Sudán, por más que intento escudriñar buscando aquel territorio de otro tiempo, no encuentro sino dolor y muerte.

Hace ya años que Sudán es sinónimo de la desesperanza. En aquel país, el más grande de Africa, hay un territorio, Darfour, que se ha convertido en un infierno. La rebelión de los grupos armados locales, opuestos al gobierno sudanés, la actuación de los janjaweed, literalmente “diablos a caballo”, milicias árabes leales a Jartum, la represión, la quema de cosechas, el cegado de pozos, las violaciones, los asesinatos, configuran el atroz escenario en el que centenares de miles de seres humanos se asoman cada día al abismo de la muerte. Según la ONU, son ya 300.000 los muertos en estos años. La situación ahora va a empeorar.

El presidente sudanés, Omar Al Bashir, ha decidido expulsar a un nutrido grupo de ONG,s, entre ellas algunas tan comprometidas con aliviar el sinsentido de este mundo,como OXFAM o Médicos Sin Fronteras, que trabajaban en Darfour. Esta decisión va a suponer que más de un millón de personas que dependen de la ayuda exterior para sobrevivir van a quedarse sin alimentos, sin agua y sin atención médica. La catástrofe humana que vivía se redobla.

Al Bashir ha reaccionado así a la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar contra él una orden de detención acusándole de perpetrar un genocidio en Darfour. La responsabilidad del presidente sudanés en lo ocurrido en Darfour es evidente. Desde que hace 20 años ocupó el poder tras un golpe de estado, Al Bashir ha impuesto un régimen tiránico, integrista en lo religioso y racista en lo étnico: la mezcla de islamismo radical y supremacía árabe han dejado poco espacio para quienes no son árabes musulmanes. Algo frecuente en un país con 500 grupos tribales distintos, de mayoría musulmana, pero con importantes minorías cristianas y animistas.

Qué la Corte Penal Internacional haya decidido procesar a Omar Al Bashir parece un paso positivo. Hay, sin duda, argumentos en contra: que la reacción de Al Bashir causará más sufrimiento, que no se puede actuar contra un jefe de Estado, que es una ingerencia del mundo occidental, que hay un doble rasero porque la Corte no actúa contra otros dictadores o contra dirigentes democráticamente elegidos, como George W. Bush, igualmente responsables de miles de muertes.

Todo eso es cierto. Pero no lo es menos que si hubiera realmente una justicia internacional activa y con margen de maniobra casos como el de Darfour serían cada vez menos frecuentes. En cualquier caso me gustaría saber que opinaría alguien como Salwa. A veces me lo he preguntado: ¿seguirá viva o será de las que se asomaron y cayeron al abismo?

En el año 2005 el Tribunal Constitucional de España estableció que los tribunales españoles podían aplicar el principio de Jurisdicción Universal y, por lo tanto, pueden juzgar cualquier delito relacionado con crímenes de guerra, torturas o tratos degradantes a poblaciones, violaciones graves de los derechos humanos, genocidio, es decir, crímenes de lesa humanidad, aunque no sean españoles las víctimas ni los verdugos.

El principio de Jurisdicción Universal, como concepto, representa uno de los pasos más importantes dados en la Historia por magistrados, jueces, fiscales y tribunales a la hora de luchar contra la impunidad que ha caracterizado el comportamiento de fuerzas militares, regulares e irregulares, en los conflictos bélicos y las dictaduras de todo tipo.

Conviene recordar, una vez más, que el mundo cambió para dictadores, torturadores, violadores de los derechos humanos y demás canallesca desde aquel día de 1998 en el que el general Augusto Pinochet fue detenido en Londres en cumplimiento de una orden del juez Baltasar Garzón, quien con la colaboración del fiscal Carlos Castresana, había puesto en marcha la aplicación del principio de Jurisdicción Universal en la Audiencia Nacional.

Conviene no olvidar que, desde aquel día, toda esa gentuza, todos esos cobardes y miserables que, parapetados en el poder de las armas y amparados en la impunidad, habían torturado, violado, asesinado, robado niños, etc. y se paseaban altivos, enseñoreándose, por las mismas calles por las que caminaban sus víctimas o los familiares de éstas, y que viajaban alegremente por cualquier parte del mundo que les apeteciera, ya no volvieron a viajar tranquilos. La posibilidad de una detención se había convertido en una realidad.

Conviene tener claro que la judicatura española ha contribuido, con esa aportación, a que en el mundo haya un poco más de justicia. Es sólo una gota en el océano, un grano de arena en el desierto, pero es un salto cualitativo de una enorme dimensión. Por eso habrá que recordar a los dirigentes españoles, de cualquier signo, a ministros y líderes de oposición, a jueces y fiscales, que limitar el principio de Jurisdicción Universal sería un paso atrás, gravísimo, y de una manera directa o indirecta, una complicidad con los criminales que puedan beneficiarse de ese retroceso.

Viene todo esto a cuento de la polémica suscitada estos días por la decisión del juez Fernando Andreu de admitir a trámite una querella contra varios dirigentes israelíes, incluidos altos mandos militares, por el criminal atentado contra un líder de Hamas, en 2002, en el que con total desprecio por la vida de los demás, asesinaron a 14 personas, varias de ellos niños. Es la misma barbarie a la que hemos asistido en las pasadas semanas con los brutales bombardeos sobre Gaza.

Fíjense si el gobierno de Israel sabe que está cometiendo crímenes de guerra, si es consciente de que sus soldados los han cometido y los van a seguir cometiendo, que ha preparado todo un equipo de expertos jurídicos para asistirlos en casos de querellas como la admitida por el juez de la Audiencia Nacional. Probablemente tampoco servirá de mucho la aplicación en esta ocasión del principio de Jurisdicción Universal, pero al igual que en su día Pinochet y otros dictadores y criminales, los militares israelíes y algunos de sus políticos ya no se pasearán tranquilamente por Europa, a festejar con buen vino y buenas viandas, su demostrada capacidad de matar. De lo que, por desgracia ya no me cabe ninguna duda, es de que van a seguir matando.

Hace unos días se presentó en Madrid la Fundación Lydia Cacho que nace con la voluntad, con la determinación, de ayudar a quienes sufren persecución por su lucha a favor de una sociedad libre de corrupción e impunidad. No es casual que lleve el nombre de esta periodista mexicana, de esta mujer valiente y comprometida con una sociedad más justa. Es más, la Fundación lleva su nombre porque ella va a ser a la primera persona a la que se respalde en la ardua batalla legal a la que se ha visto forzada tras la persecución judicial, política y policial a la que fue y sigue siendo sometida en México.

Lydia Cacho denunció hace ya años una red de pederastia por empresarios corruptos vinculados al poder político. Denunció también, y sigue denunciando, la violencia contra las mujeres, la prostitución forzada, la trata de personas en su país y el tupido entramado de corrupción e impunidad que lo ampara. Desde ese día su vida ha estado en peligro. Lo sigue estando.

Los amos del poder y sus sicarios, los abanderados del desprecio a la vida, los canallas al servicio de la mentira, los miserables de la doble moral, los mercenarios de la calumnia, los malos (porque la maldad existe y tiene nombres y apellidos y rostro) quieren liquidar a Lydia Cacho. No sólo quieren matarla, quieren silenciarla, hundirla, aterrorizarla, enmudecerla, paralizarla. Pero no saben a quien se enfrentan. Lydia es una mujer de las que nunca se dan por vencidas, Lydia es una de esas mujeres cuya dignidad y cuya coherencia están por encima de cualquier amenaza, de cualquier temor, de cualquier oprobio.

Por desgracia, la lucha de Lydia, la de personas como ella, requiere no sólo voluntad y determinación. En el mundo mercantilista en el que habitamos, en el que se aplica la máxima del “tanto tienes, tanto vales”, también se necesita dinero. En México, como en la mayoría de los países, los sistemas judiciales suelen ser perversos, castigan al pobre y benefician al rico. Entre las causas de la impunidad está también lo costoso que resulta defenderse contra todo el aparato del que disponen los corruptos y sus secuaces.

La Fundación Lydia Cacho respalda a esta periodista y va a respaldar a quienes sean igualmente perseguidos, como ella, por no resignarse, por no doblegarse, por enarbolar la bandera de una justicia que sea justa. Todos los que quieran pueden colaborar. Hay una cuenta bancaria abierta en La Caixa: 21001652510200157784. Se admiten donaciones.